Dentro de las tantas afirmaciones que tenemos acerca de la justicia muchos dicen que cojea, pero llega. Es un adagio muy popular a donde muchos piden justicia por sus muertos, por el secuestro de algún familiar, por las arbitrariedades de abusos policiales, por la mala distribución de la riqueza en un país que teniéndolo todo, da grima saber cómo sobrevivimos, y mucho más cuando todavía no hemos salido de la pandemia del Covid 19 que hizo al mundo más pobre de lo que éramos, y con más de un millón de muertos, y seguramente en los próximos habrán más donde la injusticia reina. Ya sabemos por ejemplo que Uribe luego de ser presidente decidió que quería ser senador y así dejó la investidura que tenía como expresidente, y por último al renunciar como senador se acomodó dentro del proceso judicial que tenía a la nueva realidad de los derechos que tenemos para que la fiscalía por último fuese la encargada de continuar con su proceso en medio de la controversia por saber bajo qué ley debía juzgársele con el argumento de que era un secuestrado en su propia casa hasta que por fin la juez del caso lo dejó libre al considerar que tiene ese derecho por no estar imputado, y luego de las argucias jurídicas de sus abogados, que en esas circunstancias como ciudadano goza de ese privilegio que la ley da, pero que para ello mientras tanto ha transcurrido mucho tiempo en el ojo del huracán dividiéndonos a los colombianos en el que según parece por esto y otras cosas más, el actual ministro de justicia se apresta a promover una reforma que desde la instauración de la fiscalía varias enmiendas ha tenido el código de procedimiento penal, mientras continúa el proceso de juzgamiento; o de la nueva realidad investigativa que se avecina ante la confesión de los exguerrilleros del secretariado de las FARC de ser los responsables del magnicidio cometido contra Álvaro Gómez Hurtado cuando todas las informaciones daban cuenta que fue víctima de un complot hecho por miembros del Ejército Nacional auspiciado por el cartel de Cali y a donde el gobierno de Samper resultaba implicado, más otras investigaciones de carácter judicial en que los delitos fueron cometidos por personajes de diferente índole que nos dejan entrever a un país con una crisis social y política que refleja una justicia que no es como la creemos porque después de 25 años los que fueron sometidos al escarnio público y terminaron tras las rejas, algunos no debieron ser imputados por ese delito, y que con este último caso una vez más se demuestra que desde la independencia en esos procesos de formación de los pueblos, Colombia ha pasado por diversas constituciones políticas con diferentes códigos penales que han reflejado los fundamentos ideológicos de la justicia, donde a diario el sensacionalismo de los medios de comunicación nos apabullan con este tipo de noticias, y así nos dan cuenta de lo que son y cómo funcionan las leyes en un estado que como el colombiano a pesar de las falencias de los órganos del poder al estilo de lo que Montesquieu decía acerca del equilibrio que debe existir entre las tres ramas del estado (el legislativo, ejecutivo y judicial) para que funcionen sin colapsar, cada uno de estos no debe intervenir en las esferas de influencia de las demás para que así cumplan el papel que les corresponde en beneficio de todos los ciudadanos, y que redunda en la justicia para que cumpla sus funciones. Historias contradictorias en cuanto la una puede ser contestataria de las otras porque los personajes implicados son tan diferentes en lo ideológico que representan realidades disimiles que ensombrecen sobre lo que pensamos de la ley y la justicia. Su cercanía radica en los delitos que se investigan y que nos dejan intranquilos donde esta pareciera estar a la defensiva, o no ser tenida en cuenta ante la venalidad que impera. Y es que entrometerse en las decisiones de alguno de los órganos del poder mediante sus agentes como ha sucedido con las manifestaciones públicas de funcionarios gubernamentales a favor o en contra de acuerdo a los intereses políticos o personales con tal de desacreditar o apoyar una simple decisión de algún funcionario judicial, y en que con sus intervenciones los menoscaba o los favorece. Lo que quiere decir, para no ir más lejos, que en política la justicia o cualquier otra rama del poder estatal, las decisiones muchas veces se toman de acuerdo a lo que decidan los gobernantes porque los que se oponen no son tenidos en cuenta debido a la influencia social y política de los investigados que ostentan poder, y con su intervención terminan afectando los fallos judiciales a pesar de existir un órgano estatal para ejercer el debido cumplimiento de la ley, y claro que no obsta para que muchos de los procesos lleguen a feliz termino con las sanciones que la sociedad impone a los que cometen delitos contemplados por el código penal.
Las convicciones ideológicas y morales son parte del estado que nos regenta con las tradiciones que a través de los años nuestros dirigentes han manejado este país. Y es que la historia de la justicia en Colombia es parte de lo que hemos sido desde la independencia y de la concepción que tenían los seguidores de Santander y Bolívar en una época que lo mismo que hoy esos conceptos sobre ley y justicia a pesar de los cambios a través del tiempo reflejan el modelo de las sociedades que hemos tenido acerca de lo que creemos como justicia y ley que no son otras que las creencias y conceptos con que nos hemos formado en que las corrientes filosóficas del derecho penal desde las impuestas por los conquistadores como las de la inquisición que dio lugar al derecho inquisitivo muy al estilo de lo que en su tiempo producto de la persecución que se hacía a los herejes por la fe religiosa, se les condenaba a la hoguera luego de juzgarlos mediante el suplicio en que terminaban por confesar delitos no cometidos, y como la de ahora con el carácter acusatorio copiado de España en que el fiscal es nombrado por un rey, pero atemperado a la realidad colombiana mediante las reformas que se han venido dando a pesar de ser de origen germano con los remozamientos hechos por los jurisconsultos encargados de adaptar nuestros órganos de la justicia como el de la fiscalía que desde su instauración da al juez los instrumentos necesarios mediante las pruebas para que falle de acuerdo a lo controvertido por las partes interesadas en los procesos judiciales, y que de acuerdo a la constitución de 1.991 que la creó en ese maremágnum social que trajo consigo el narcotráfico y la lucha de los narcos para evitar la extradición a los Estados Unidos que fue la única manera que tuvo el estado colombiano ante el poder de los personajes que cometían este tipo de delitos, y tantos otros que han ido apareciendo con la nueva realidad surgida con el internet.
Desde la constitución de 1.886 auspiciada por el presidente Rafael Núñez que implantó una constitución muy diferente a la que querían los Radicales Liberales y que se sostuvo durante más de 100 años con algunas reformas, y entre estas las más importantes como la de Rafael Reyes en 1.910 y Alfonso López Pumarejo en 1.936 con "La Revolución en Marcha" donde se reconoció la función social de la propiedad privada, una constitución política hecha bajo los fundamentos conservadores de la época, e inspirada y redactada por Miguel Antonio Caro donde consagró la fe Católica como religión oficial, convirtiendo a Colombia en un estado confesional mediante el Concordato firmado con la Santa Sede de Roma, además de declarar un estado unitario y soberano llamado República de Colombia que sustituyó los estados federales por los Departamentos y luego que Núñez declarara que la constitución de 1.863 o de Rionegro había dejado de existir en medio de esas viejas tradiciones de odio y pugnas entre los mismos compatriotas por el poder hegemónico de uno u otro bando político, que tanto daño nos han hecho comenzando con la guerra de los mil días, y también porque las instituciones políticas reflejan o representan las fuerzas sociales y las concepciones del mundo que nos rigen, e incluso las mismas fuerzas oscuras que lo hacen para beneficiarse de lo que representa un gobierno.
Y es que la justicia a pesar de cambiar la forma de actuar para combatir el delito y sostener la buena marcha del estado, el régimen de gobierno que tenemos para lograr sostener todo el andamiaje estructural dentro del cual la convivencia entre los ciudadanos es fundamental también ha sido parte de esas crisis que con amenazas de golpes militares, esgrime ese pacto social mediante la constitución política y las leyes que regulan todo el ordenamiento jurídico, y entre estos el código penal con los delitos establecidos en que el estado garantiza la protección de los derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos enmarcados dentro de esos lineamientos, y que ahora dentro de la constitución que nos rige esa función social se implementa mediante los órganos de poder encargados para que la justicia proteja la libertad y la buena honra de los ciudadanos, y no sea disminuida por particulares, quienes muchas veces en su provecho sí las leyes no les convienen, buscan los mecanismos legales para ir desacreditando las posibles decisiones con el fin de prorrogar los fallos o solicitar un referéndum que eche abajo todo lo actuado, y eso que ahora la justicia cuenta con la fiscalía que en apariencia es independiente y ajena de las posibles influencias de los que acuden ante la ley para defender sus derechos conculcados, o para pedir justicia por los delitos cometidos por otros, y así los jueces puedan dictar sus fallos sin presiones por las otras ramas del poder.
Una justicia que muchas veces no se cumple por los motivos antes expuestos y que en Colombia desde los jueces sin rostros y las reformas echas con el fin de que el régimen acusatorio que tenemos todavía sigue expuesta a las presiones de los particulares, que están dispuestos a hacer justicia por sus propias manos, o con leguleyadas al estilo de los antiguos manzanillos que ofrecían muchas cosas mediante dadivas, con tal de obtener el poder para sus propios beneficios. Una justicia en peligro porque nuestros derechos pueden ser conculcados por una minoría que aparenta ser la dueña del poder, y a pesar de lo mucho que falta para que nos realicemos en esas quimeras de libertad y paz que los colombianos anhelamos.