Ahora que se discute con qué ley se debe juzgar al expresidente Uribe en el país de las leyes, a veces es como si no existieran porque muchos no las respetan y para los que se acogen a estas lo hacen a condición de que les sean favorables. Y hay que reconocer que el andamiaje jurídico en buena parte se sostiene debido a que existe un estado con todos los defectos de las democracias y en que los malabarismos jurídicos de que hacen gala los que reconociendo actuar bajo las normatividades impuestas tratan por todos los medios de no acatar sus fallos a pesar que tenemos una fuerza pública para proteger la defensa de nuestras instituciones como son las libertades y derechos de los ciudadanos y donde también muchos de estos las vulneran desconociendo sus obligaciones para con la ley. Cuando no las pisotean como ha sucedido a través de todos estos años con los delitos establecidos por el actual código penal, los contratos donde la corrupción de los funcionarios estatales inventan sus formas para distorsionar las mismas leyes y hacerse así con las arcas del erario público en que los particulares logran su cometido sin que sean castigados como debe ser, y muchos más los que a diario son cometidos por diferentes actores incluyendo funcionarios venales en un estado que a veces parece entrar en colisión porque de cualquier manera los implicados con sus actos cometidos tienen el poder suficiente para presionar a los jueces o a los encargados de hacer que se cumplan las leyes para doblegarlos a que fallen a su favor.
Siempre se ha dicho que la ley es para los de ruana en un país donde los grupos armados han tenido su influencia ideológica y cuyos ideales han sido trastocados por el poder de lo ilícito con el mercado de las drogas que en un mundo globalizado les genera riquezas incalculables, tanto así que todavía recordamos el intento de algunos dirigentes políticos cuando con comerciantes de la droga que apostaban por pagar la deuda pública con tal de saldar su deuda con la justicia y legalizar así sus ganancias en dólares, que les costó con las vidas a los que se atrevieron a combatirlos y obligó al estado a la instauración de la justicia sin rostro en que la autoridad del estado estuvo en manos de los que lo defendían a costa de la seguridad de sus propias familias y de los que querían negociar a sabiendas que esos grupos habían perdido su credibilidad, mientras los encargados de defender nuestras instituciones también estaban salpicados por el poder del dinero corrupto, más aún cuando el mismo gobierno de los Estados Unidos no veía con buenos ojos la fuga de los dólares de su territorio a expensas suyas por los narcotraficantes.
No sé trata de decir que existe un estado postrado ante el avatar de la delincuencia con sus diversas modalidades. Pero sí que en Colombia muchas de las leyes expedidas por los encargados de hacerlas las redactaron con sus excepciones para favorecer a determinados estamentos de la élite gubernamental que detenta el poder económico en sus manos, y que con esos eufemismos del idioma los colombianos los llamamos micos legales.
Las leyes pues, en un país democrático como el nuestro muchas veces permanecen supeditadas a los que manejan la opinión pública que se encargan de presionar a favor o en contra de una medida legal, y a pesar de la autonomía de los jueces para impartir justicia sabemos que muchas veces no se cumple porque como en el caso del expresidente sus asesores lo mismo que como lo hacen todos los litigantes acuden a los recursos procesales que la misma ley les da para que dichos juicios se prolonguen en el tiempo mientras buscan la manera de evadir la justicia o logran que sus fallos les sea más favorables, mientras la opinión pública cumple esa función de presionar a favor o en contra, a sabiendas que los togados encargados de fallar en esos litigios deben ser imparciales basados en la veracidad de las pruebas para hacer justicia.
Es un hecho que sí los jueces o los encargados de impartir justicia dependen de otro órgano de poder se verán constreñidos por la mediatización de los implicados en dichos procesos judiciales que querrán hacer valer sus intereses así sean falsos sus argumentos, en menoscabo de la autoridad judicial para hacer justicia porque en cualquier momento podrán desestabilizar un país ya sea con un golpe de opinión para pedir un referéndum o porqué no para pedir la destitución de un gobernante, aunque en Colombia desde los tiempos del Frente Nacional y mucho antes siempre han habido golpes donde los gobernantes no han podido ejercer sus funciones en algún momento de sus respectivos gobiernos porque como sucedió con Belisario Betancur o con Turbay Ayala, detrás de ellos entre bambalinas estaban otros que impartían las ordenes,
Y sin embargo hay que reconocer que las instituciones de los organismos de poder y del control del estado siempre han funcionado para bien o para mal sin que la institucionalidad se haya visto menguada en medio de las turbulencias sociales que cumplen con aquel aforismo de la que hacen gala no solo los leguleyos, sino de los que creen en la justicia, y que dice: "Qué la ley llega, así sea tarde."
Esperemos que en este caso como en tantos otros, se haga justicia para el bien de todos los colombianos.